Concentración:
No al Robo de las Pensiones
Sábado #30N 12:00 h
Plaza de España
Convoca: 15M, CGT Intersindical Aragón
Historias de una Privatización IV: Consecuencias
El 1 de enero de 2014 las
pensiones dejan de revalorizarse en función del IPC, nunca más las pensiones
subirán lo mismo que la vida. A partir de enero las pensiones se revalorizaran
en función de un Índice de Revalorización construido por un comité de expertos,
compuesto por representantes de banca y aseguradoras, cuyo único objetivo es
mermar las pensiones públicas.
El FRA congela las pensiones a
perpetuidad. Si se hubiera aplicado durante la última década en la que la
inflación ha crecido a un ritmo medio del 2,72% anual, encontraríamos que las
pensiones reales se habrían depreciado casi un 2.5% cada uno de los últimos 10
años. Este mes de enero una pensión de 600 € subirá 1,5 €.
Tomando como ejemplo una pensión de 1000 € observamos que
si el Factor de Revalorización Anual se hubiera aplicado durante la última
década, el valor real de esa pensión, es decir, lo que se puede comprar con
ella, seria equivalente a 760 € en lugar de a 1000 €. Esto es exactamente lo
que les va a suceder al conjunto de las pensiones de ahora en adelante
La segunda parte del trabajo que el gobierno del PP encargó al comité de expertos privatizadores fue poner en marcha el Factor de Sostenibilidad propuesto por el gobierno de Zapatero y acordado con los Agentes Sociales en febrero de 2011.
El FS es un coeficiente reductor
de la pensión basado en la esperanza de vida del conjunto de la población a
partir de los 67 años.
Entra en vigor en 2019, afectando
por primera vez a quienes hoy tienen 59 años con una rebaja de su pensión del
0,47%. Este coeficiente va en aumento de forma que cada nuevo pensionista
cobrará menos que el anterior. Quien hoy tiene 45 años verá reducida su pensión
en un 6% llegando a reducir un 10% a quien hoy tiene 28 años.
No hay que olvidar la reforma hecha por el Gobierno de PSOE, firmada por los sindicatos mayoritarios en el acuerdo económico y social de febrero de 2011 y que se encuentra aún en fase de aplicación.
En 2027 cuando la reforma del
PSOE y los Agentes Sociales esté plenamente en vigor aumentará la edad de
jubilación hasta los 67 años y en
conjunto reducirá la pensión media en más de un 20%. Estas medias suponen un
robo de más de 30.000 millones de euros anuales del salario diferido de l@s
trabajadores.
Porque estas medidas condenan a
la miseria a todas las personas en su vejez, porque el 56% de las pensiones
actuales están por debajo del umbral de la pobreza y porque el único objetivo
de los gobiernos del PP y el PSOE es privatizar el sistema público de pensiones
para beneficio de la banca, aseguradoras y grandes empresas llamamos a la ciudadanía a movilizarse,
confrontar y resistir contra el robo de las pensiones. Porque en ello nos va el
futuro a tod@s.
NO DEJEMOS QUE NOS ROBEN LAS PENSIONES
Historias de una privatización III: Trileros de la Técnica
El 12 de abril de 2013 el Consejo de Ministros acordó
crear un comité de expertos para poner en marcha el Factor de Sostenibilidad
propuesto en el Acuerdo Económico y Social de febrero de 2011 e impuesto en la
Ley 27/2011 por el Gobierno anterior.
En esta ocasión, el comité de “expertos” se tradujo en un
grupo de expertos privatizadores pertenecientes a los mismos lobbys que trabajan desde principios de los 90´s para
destruir el sistema público de pensiones.
Por sus biografías los conoceréis
(diario critico.com):
- Víctor Pérez Díaz. Presidente
del comité. Catedrático de Sociología y colaborador de la Fundación FAES.
Ha formado parte de los consejos asesores de diversas grandes empresas y fundaciones
y de Unespa, la patronal del seguro.
- Rafael Doménech. Jefe de
Estudios del BBVA y, también pertenece al Grupo de Reflexión de la patronal
Unespa y es miembro del Foro de Expertos del Instituto de la aseguradora Aviva
sobre Pensiones y Ahorro que defiende incrementar los planes de pensiones
privados. Ejerció como subdirector de la Oficina Económica del Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero.
- José Ignacio Conde-Ruiz.
Subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en cuyo patronato
figuran algunas de las mayores empresas y bancos españoles -desde el Santander,
Bankia y La Caixa hasta Iberdrola, Repsol y Telefónica-. Es coautor de los
análisis de Fedea sobre la reforma de las pensiones de 2011.
- Manuel Lagares Calvo. Es
catedrático de Hacienda Pública en excedencia en la Universidad de Alcalá de
Henares e inspector de Hacienda de profesión. Con un larguísimo historial desde
la UCD, consejero independiente de Mapfre y director general adjunto de la
Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).
- Francisco Castellano Real.
Catedrático de Hacienda Pública en la Uned, es jefe de la asesoría fiscal de la
CECA.
- Miguel Ángel Vázquez Burgos. Dirige el
departamento de Análisis y Estudios de Unespa,. Antes fue responsable de comunicación
de la patronal del seguro.
- José Enrique Devesa Carpio.
Profesor titular del Departamento de Economía Financiera de la Universidad de
Valencia. Es autor del trabajo "¿Necesitan los futuros jubilados
complementar su pensión?, para la Fundación Edad y Vida, que reúne en su
patronato a las mayores aseguradores del país -DKV, Caser, VidaCaixa...-. La
respuesta con que concluye el análisis es que sí, que los jubilados necesitan
complementar su pensión.
- Mercedes Ayuso.
Catedrática de Econometría, Estadística y Economía Española de la Universidad
de Barcelona. Ha publicado "Una propuesta de reforma del sistema de
pensiones español basada en un sistema de contribución definida nocional",
que es justamente el sistema propuesto por Unespa.
- José María Marín Vigueras.
Especialista en mercados financieros, es catedrático de Economía Financiera y
Contabilidad en la Universidad Carlos III de Madrid. Su actividad investigadora
"sirvió como referencia" de la ley de pensiones que el presidente
George W. Bush promulgó en 2006.
- José Luis Tortuero.
Catedrático del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad
Complutense y autor de un estudio sobre la reforma del sistema de pensiones
para el anterior Gobierno socialista.
- Santos M. Ruesga. El
catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid es
especialista en relaciones laborales y en la economía informal. Ha representado
a UGT en el consejo de administración de RTVE y formó parte de la Comisión de
Expertos para el Diálogo Social.
- Miguel Ángel García Díaz.
Director del gabinete de estudios de CCOO, también imparte clases de Economía
Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Finalmente esta docena de “Técnicos” expertos en planes de
pensiones privados cumplieron su encargo. Construyeron dos complejas fórmulas
matemáticas, el FRA y el FEI, para esconder entre numeradores, denominadores y
exponentes la vergüenza y el coste político de condenar a amplias capas de la
población a la miseria en la ancianidad.
El plan no fue perfecto uno de los “expertos” votó en
contra. Santos M. Ruesga, se apartó de las leyes científicas del mercado, campo
común de todas la tendencias ideológicas dominantes, para caer en la que estas
denominan “superstición”, que no es otra cosa que preocuparse por los seres
humanos.
Historias de una Privatización II: La Campaña
Entre 1995 y 2000, coincidiendo con la primera campaña del BM y el FMI contra los sistemas públicos de pensiones, los fondos privados vivieron un auge excepcional: pasaron de gestionar 4,9 billones de euros a 11,5 billones en sólo cinco años.
En España, la campaña, iniciada por el Círculo de Empresarios, alentada por los gobiernos Socialistas y Populares y consentida por un sin fin de organizaciones satélite de estos, consistió en hacer creer a la población que nunca llegarían a cobrar pensión y consiguió hacer crecer los fondos privados de 13.000 a 38.000 millones de euros en los 5 primeros años.
Numerosas instituciones financieras públicas y privadas realizaron estudios, que con el tiempo se han demostrados falsos, para asustar a la población y que invirtiera su futuro en planes privados. Algunos de estos estudios en el Estado Español son: La Caixa (en 1998), el BBVA (en 2005 y en 2007), El Banco Santander (en 1992 y en 1999), el Banco de España (en 1995, en 1999, en 2002 y en 2009).
Especialmente paradigmático es el caso de Juan A. Herce, exdirector ejecutivo de FEDA, principal lobby privatizador en España, que pronosticó en 1995 que la Seguridad Social tendría un déficit del 0,62% del PIB en 2000 y del 0,77% en 2005; en otro trabajo de 1996 que el déficit sería del 1,37% del PIB en 2000 y del 1,80% en 2005; en otro estudio con J. Alonso que sería del 0,96% del PIB en 2000 y del 1,17% en 2005 y en su último estudio de 2000 que sería del 0,16% del PIB en 2005 y del 0,03% en 2005.
Herce no acertó nunca, sorprendentemente tampoco le despidieron y su prestigio como analista económico continúa intecto, pero los fondos privados de pensiones en España acumulan a día de hoy 80.000 millones de euros.
En la actualidad, el capital total que manejan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs, dependientes de los grandes bancos) en el mundo es de casi 13 billones de euros, equivalente al PIB de EEUU y Alemania juntos, con el que especulan en bolsa contra los estados, financian a las principales multinacionales y obtienen sus propios beneficios.
Asamblea 15M Delicias.
El #30N Tod@s a la Calle
Historias de una
Privatización
En 1994 el Banco mundial publico el informe
“Envejecimiento sin Crisis” basado en los experimento realizados en materia de
pensiones por esta organización, junto con el Fondo Monetario Internacional, en
Chile durante la dictadura de Pinochet.
Este informe vaticinaba el
hundimiento de los sistemas públicos de pensiones fundamentado en tres
argumentos falsos y sesgados: el aumento de la esperanza de vida, el
envejecimiento de la población y la incapacidad de gestión del sector público.
Además subrayaba la necesidad de cambiar los sistemas universales al considerar
injusto que todas las personas tuvieran acceso a una pensión independientemente
de sus cotizaciones.
El objetivo que marcó el Banco Mundial
fue la conversión de los sistema públicos de pensiones de reparto y solidaridad
intergeneracional en sistemas de
capitalización individual, gestionados por bancos, aseguradoras y fondos
privados.
Según el BM los sistemas futuros
de pensiones debían estructurarse en dos pilares:
- El primer pilar, comprende a los regímenes públicos de base, gestionados por el Estado y financiados mediante impuestos. Lo decisivo para el Banco Mundial es que las pensiones del primer pilar ocupen un papel muy restringido, como red de protección mínima a fin de «aliviar la pobreza en la ancianidad».
- El segundo pilar, obligatorio, prefinanciado por el trabajador y de administración privada. No garantiza el importe de las pensiones. La cuantía de la pensión dependerá de la mayor o menor rentabilidad de los depósitos, en renta fija o variable, efectuados por las empresas gestoras. Puede adoptar dos modalidades: la de los planes de ahorro forzoso personales, desvinculados del trabajo y la de los planes profesionales obligatorios o de empresa.
La publicación del informe supuso
la apertura de un ataque frontal, desde la lógica neoliberal, a los sistemas
públicos de pensiones en el que han participado los sucesivos gobiernos
liberal-conservadores, neoliberales y social-liberales de los países miembros
de estas organizaciones internacionales.
En el Estado Español el arranque
de esta campaña de acoso y derribo de las pensiones públicas se puede fechar
con la reforma del sistema de pensiones realizada entre los años 1994-1997,
conocida como “Pacto de Toledo”.
El 8 de octubre de 1994, El País
publicaba lo siguiente: "El Jefe del Ejecutivo, Felipe González, dijo ayer
que no existen diferencias sustanciales entre lo que predica el Fondo Monetario
Internacional (FMI) respecto a la reforma del sistema de pensiones y lo que
pretende el Gobierno español, salvo en la forma de llegar a ese objetivo.
González, tras la reunión del Consejo de Ministros, indicó que tanto el FMI
como su Gobierno coinciden en que el sistema de pensiones español requiere
reformas a largo plazo, unos 25 años, para evitar un colapso en su
financiación. Reiteró la tesis de "las tres patas":
- Un nivel básico y universal de prestaciones, concebido como “nivel mínimo”.
- Un nivel profesional que cubra las contingencias básicas por encima del nivel de subsistencia y en el que las prestaciones guarden una relación con los ingresos obtenidos por el trabajo.
- Un nivel individual y libre, en el que los individuos se aseguren personalmente las pensiones en los términos y cuantías que consideren adecuados.
Desde
abril de 1995 (aprobación del Pacto de Toledo) todas las reformas hechas en
materia de pensiones, incluidos los acuerdos para el desarrollo del propio
Pacto, han estado encaminadas a deteriorar el nivel contributivo y transformar
las tres patas de González en los dos pilares del BM, verdadero objetivo. Si
algo quedó claro en la experiencia Chilena es que el paso de un sistema publico
de reparto a uno de capitalización privado ha de ser gradual puesto que hacerlo
de golpe conlleva unas cargas económica inasumibles para el estado.
Poco
a poco, cada reforma ha ido reduciendo progresivamente las prestaciones del
sistema público mediante la modificación de las fórmulas de cálculo, el aumento
de los años necesarios para el cobro del 100% de las prestaciones y de los
tenidos en cuenta para calcular la base reguladora.
También
se han ha ido endureciendo las condiciones de acceso: aumento de la edad de
jubilación y jubilación anticipada,
aumento de los años de cotización necesarios para tener derecho a
pensión contributiva.
A la
par, el estado ha favorecido el crecimiento de los fondos privados de pensiones
mediante fuertes incentivos fiscales con un elevados coste para las arcas
públicas. Actualmente el Gobierno de España está estudiando medidas para
establecer el carácter obligatorio de fondos privados de empresa tipo los que
hasta ahora se han implementado de forma voluntaria desde la negociación
colectiva.
No
al Robo de las Pensiones. El 30-N tod@s a la Calle.
Asamblea
15M Delicias
No hay comentarios:
Publicar un comentario