Hace tiempo que estamos viendo en
las calles de nuestros barrios como muchos de nuestros vecinos son
sistemáticamente identificados por la policía nacional. Adolescentes, jóvenes y
no tan jóvenes, se ven asediados sin posibilidad de escapar, protestar o
reclamar ante nadie.
Por lo que sabemos, de momento no
es delito tener la piel de otro color, o que tus rasgos físicos indiquen que tu
o tus padres no nacisteis aquí. Ni
falta que les hace convertirlo en delito, porque de hecho, ya lo es.
No importa cuantas veces nos
digan que ya no hay cupos de detenciones a inmigrantes o que el Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial de las ONU , o el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos , o la
propia UE (La misma UE que nos exige más flexibilidad en trabajos que no
tenemos o que nos aumenten la edad de
las jubilaciones a las que nunca accederemos) diga que es ilegal someter a
cacheo o identificación en base exclusiva a criterios étnicos o raciales .
Es inaceptable, inhumana y
odiosa, la acción impune que desde el Gobierno y sus cuerpos policiales se
demuestra, no sólo hacia personas en
situación administrativa irregular, sino contra todas aquellas cuyo aspecto
físico les hace sospechar que pueden ser “ilegales”. Ningún ser humano lo es.
Las redadas racistas crean una
situación de inseguridad aberrante. Cada vez más personas evitan salir a la
calle, por temor a la arbitrariedad de una actuación policial, o a ser
recluidos en los modernos campos de concentración, que son los CIE. Agujeros
negros de lo que llaman democracia, donde los escasos derechos de los que
disfrutamos se quedan en la puerta y son la antesala de deportaciones exprés.
El sometimiento de nuestros
vecinos y compañeras a sujetos de trabajo policial contribuye únicamente a una
campaña de imagen y criminalización del diferente, del extranjero, que busca su
marginación y reducción a simple mano de obra barata y servicial.
Hemos llegado a un punto en el
que hasta se nos niega el derecho a la atención sanitaria. Una vuelta de tuerca
más que nos recuerda, que hay personas de primera, de segunda y no-personas.
Por todo ésto, que desde el movimiento barrial, hemos tomado la determinación
de decir ¡Ya basta!. Estamos en resistencia ante las políticas migratorias que
no son nada más que una parte de la infamia y la miseria en que nos
encontramos.
Ante el proyecto de modificación
del artículo 318 bis del código penal, que pretende criminalizar la asistencia
a personas en situación administrativa irregular nos declaramos en insumisión.
Consideramos ilegitima cualquier clasificación de legalidad sobre los seres
humanos y por ello, no pondremos límites a la solidaridad ni al compañerismo
entre nuestro iguales, los y las de abajo.
Asambelas y
Asociaciones firmantes:
Asamblea Gancho-
Almozara
Asamblea Delicias
Asamblea San José
Asamblea Oliver
AVV Lanuza-Casco
viejo
AVV Venecia-Montes
de Torrero
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