Desde la Asamblea 15M Delicias queremos dar a conocer una situación que se viene produciendo desde al menos un año en nuestro barrio. Hemos sido conocedores de varios casos en que la policía nacional ha llevado a cabo, por orden judicial, desalojos de viviendas en los que no se ha producido ninguna notificación previa ni ha existido mediación para buscar una solución o alternativa habitacional.
Queremos denunciar que por medio de esta actuación de las instituciones han sido vulnerados el Derecho a la Inviolabilidad del Domicilio, plasmado en el párrafo segundo del artículo 18 de la Constitución, y el derecho a una Vivienda Digna que refleja el artículo 47 del mismo texto legal. Del mismo modo, se ha incumplido con lo expuesto en el artículo 19 de la Ley 10/2016 de medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón, que afirma que “Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma, en cumplimiento del artículo 27 del Estatuto de Autonomía, deberán proveer de una alternativa habitacional digna a toda persona o unidad de convivencia de buena fe en situación de vulnerabilidad que se vea privada de su vivienda habitual como consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria, de pago o dación en pago de deudas con garantía hipotecaria, o de desahucio por falta de pago de la renta”. Obligación que en este caso ha sido incumplida claramente.
Ya no solo ocurre que se niega el derecho a la vivienda, a vivir bajo un techo y en unas condiciones de dignidad mínimas. Esta nueva práctica lleva a los habitantes de las viviendas a una situación de indefensión absoluta. De un día para otro, sin previo aviso, se deja a personas a la calle desprovistas de todos sus bienes. Esta situación es aún más crítica si cabe si tenemos en cuenta que cada día se producen en España/Estado español más de cien desahucios al día por no poder pagar el alquiler, que en Delicias está experimentando una subida descontrolada desde hace un par de años. La combinación del incremento de los alquileres con esta nueva práctica de desahucios exprés es una herramienta peligrosísima que se ha cobrado ya sus primeras víctimas en el barrio.
No debemos olvidar que el hecho de que situaciones como ésta se den en nuestro barrio es fruto de las políticas orientadas a incentivar la especulación inmobiliaria. Los ejemplos más claros y próximos son la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, efectuada en el año 2013, que, entre otras cosas, reduce el plazo de los alquileres (de 5 a tres años) y la más reciente Ley 5/2018 (aprobada por el “Gobierno del cambio”) que, introduciendo el denominado como “Desahucio exprés para okupas”, permite acortar plazos, y por tanto garantías, para situaciones en las que se considere que la residencia no se sustenta en un justo título, poniendo por encima el derecho a la propiedad que el derecho a la vivienda.
En conclusión, la liberalización del mercado de vivienda y el recorte de los derechos de los inquilinos son las dos patas en las que se sustenta una apuesta económica cuyo principal resultado es el flagrante aumento de los desahucios que se están produciendo contra nuestros vecinos y vecinas.
Queremos denunciar que por medio de esta actuación de las instituciones han sido vulnerados el Derecho a la Inviolabilidad del Domicilio, plasmado en el párrafo segundo del artículo 18 de la Constitución, y el derecho a una Vivienda Digna que refleja el artículo 47 del mismo texto legal. Del mismo modo, se ha incumplido con lo expuesto en el artículo 19 de la Ley 10/2016 de medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón, que afirma que “Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma, en cumplimiento del artículo 27 del Estatuto de Autonomía, deberán proveer de una alternativa habitacional digna a toda persona o unidad de convivencia de buena fe en situación de vulnerabilidad que se vea privada de su vivienda habitual como consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria, de pago o dación en pago de deudas con garantía hipotecaria, o de desahucio por falta de pago de la renta”. Obligación que en este caso ha sido incumplida claramente.
Ya no solo ocurre que se niega el derecho a la vivienda, a vivir bajo un techo y en unas condiciones de dignidad mínimas. Esta nueva práctica lleva a los habitantes de las viviendas a una situación de indefensión absoluta. De un día para otro, sin previo aviso, se deja a personas a la calle desprovistas de todos sus bienes. Esta situación es aún más crítica si cabe si tenemos en cuenta que cada día se producen en España/Estado español más de cien desahucios al día por no poder pagar el alquiler, que en Delicias está experimentando una subida descontrolada desde hace un par de años. La combinación del incremento de los alquileres con esta nueva práctica de desahucios exprés es una herramienta peligrosísima que se ha cobrado ya sus primeras víctimas en el barrio.
No debemos olvidar que el hecho de que situaciones como ésta se den en nuestro barrio es fruto de las políticas orientadas a incentivar la especulación inmobiliaria. Los ejemplos más claros y próximos son la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, efectuada en el año 2013, que, entre otras cosas, reduce el plazo de los alquileres (de 5 a tres años) y la más reciente Ley 5/2018 (aprobada por el “Gobierno del cambio”) que, introduciendo el denominado como “Desahucio exprés para okupas”, permite acortar plazos, y por tanto garantías, para situaciones en las que se considere que la residencia no se sustenta en un justo título, poniendo por encima el derecho a la propiedad que el derecho a la vivienda.
En conclusión, la liberalización del mercado de vivienda y el recorte de los derechos de los inquilinos son las dos patas en las que se sustenta una apuesta económica cuyo principal resultado es el flagrante aumento de los desahucios que se están produciendo contra nuestros vecinos y vecinas.
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