La juez de Madrid envía a la Audiencia Nacional la causa por los incidentes del 25-S al apreciar delitos contra el Estado

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Considera que el juez Pedraz es el competente para hacerse cargo de la investigación, pese a que dicho magistrado ya rechazó el caso

Como si fuera una partida de ping-pong, la juez de Instrucción número 8 de Madrid ha acordado este lunes remitir a la Audiencia Nacional la causa en la que investiga la manifestación del pasado 25 de septiembre en Madrid, frente al Congreso de los Diputados, en el que fueron detenidas 34 personas que quedaron en libertad con cargos, menos una a la que se impuso una fianza de 1.000 euros.

La magistrada quiere que sea el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia, Santiago Pedraz, quien se haga cargo de la causa, pese a que dicho juez rechazó ser competente en el caso en una providencia dictada el pasado 27 de septiembre.
El meollo de la cuestión es si puede imputarse un delito contra la instituciones del Estado a los 34 afectados, del artículo 493 del Código Penal, que castiga a "a los que, sin alzarse públicamente, invadieren con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, si están reunidos", y establece una pena de entre tres y cinco años de prisión.
La juez de Madrid estima que su actuación "podría encuadrarse" en dicho delito, por lo que decide inhibirse. Sin embargo, su decisión no es firme y puede ser recurrida ante ella misma en los próximos tres días por el Ministerio Fiscal o los abogados de los detenidos, o directamente en apelación ante la Audiencia de Madrid en el plazo de cinco días.
La magistrada agrega que el atestado policial del que se hizo cargo era "ampliatorio" de las diligencias que tenía abiertas Pedraz desde días antes del 25-S y en el que ha llamado a declarar, para el próximo 4 de octubre, a ocho personas como imputadas en delito contra instituciones del Estado en relación a la convocatoria del 25-s. Insiste la juez en que, expresamente, la Policía señala que las diligencias son ampliatorias de las anteriores.
La juez de Madrid subraya que en la convocatoria del 25-s "se exigía un proceso de destitución y ruptura del régimen vigente, mediante la dimisión del Gobierno en pleno, disolución de las Cortes, y de la Jefatura del Estado, abolición de la actual Constitución e iniciar el proceso de constitución de un nuevo sistema de organización política, económica y social".
Añade que en el atestado policial de 15 de septiembre que dió origen a las diligencias que sigue Pedraz, constaba la convocatoria a los ciudadanos, realizada a través de distintas redes de Internet, para la concentración del 25 de septiembre "en el Congreso de los Diputados, coincidiendo con la celebración de la sesión plenaria del mismo".
La juez afirma que los incidentes en la manifestación del 25-S se produjeron "porque algunos de los asistentes intentaron rebasar el perímetro de seguridad establecido en el Congreso, así como impedir a sus señorias abandonar el hemiciclo; lanzaron objetos a los funcionarios de Policía que allí estaban, produjeron agresiones, intentado también saltar las vallas de protección".
El juez Pedraz, por contra, rechazó su competencia en providencia del pasado 27 de septiembre al entender que en el atestado policial de la manifestación del 25-S no se hacían acusaciones de delito contra las instituciones del Estado, sino de desórdenes públicos, atentado, lesiones, resistencia a la autoridad y lesiones, que corresponde investigar a la justicia ordinaria. No se hablaba por tanto en el informe de la Policía de delitos contra las instituciones del Estado, que hubiera justificado la asunción del caso por la Audiencia, según sostiene Pedraz.
De momento, habrá que esperar si alguna de las partes recurre la inhibición de la juez de Instrucción número 8 de Madrid, lo que podría tardar semanas en resolverse si la decisión última es de la Audiencia Provincial de Madrid. Y posteriormente, si la causa es definitivamente enviada a Santiago Pedraz, este juez podría no aceptar la competencia si estima, como hasta ahora, que no le corresponde. En ese caso, podría entablarse una cuestión de competencia entre órganos judiciales de la misma jurisdicción, que debería resolver el Tribunal Supremo.
En cualquier caso, el juez Pedraz ha citado a declarar como imputados el próximo jueves, día 4, a 8 supuestos convocantes o promotores del 25-S, dentro de las diligencias en las que la juez de Madrid quiere que se sumen los 34 detenidos tras la manifestación. Tras las declaraciones, el juez deberá decidir si mantiene las imputaciones o bien las levanta.