Apoyo Represaliados Huelga Estudiantil

Dos jóvenes se enfrentan a 7 meses de cárcel por participar en una huelga estudiantil.

Viernes 6 de febrero
 

20:00 Horas,  

Paraninfo Universidad

 ¡STOP REPRESIÓN!
 

¡IMPUTADOS ABSOLUCIÓN!

Convoca: Grupo de Derechos Civiles 15M

El juicio se celebrará el 9 de febrero a las 09:45 en el Juzgado de lo Penal número 6 de Zaragoza 

 Gregorio G.M. y Samuel R.R. acudieron el día 24 a la huelga estudiantil que se convocó en todo el Estado y mientras se encontraban en el interior del campus universitario, cerca de una de las puertas, miembros de Unidad de Intervención Policial entraron en el recinto del Campus San Francisco de la Universidad de Zaragoza para reprimir las protestas -bajo permiso de Rectorado-, con la intención de detener a alguien a toda costa.

Cuando los policías entraron al campus, cogieron a las dos personas que más cerca se encontraban y fueron automáticamente detenidas. Uno de ellos sufrió lesiones como consecuencia de la detención. Los dos detenidos son acusados de un delito de resistencia, cuando en realidad no opusieron ningún tipo de impedimento a la hora de su detención ni a la entrada de los agentes en el campus. El juicio se celebrará el 9 de febrero a las 09:45 en el Juzgado de lo Penal número 6 de Zaragoza, y el Ministerio Fiscal pide 7 meses de prisión para los dos jóvenes huelguistas.

De esta manera intentan amedrentar a la juventud organizada que protesta frente a los recortes y las desigualdades que este sistema genera. La criminalización de la protesta es algo que llevamos sufriendo desde hace mucho tiempo, que se repite en todo el Estado y que aumenta cada vez más. Claro ejemplo de esto es la condena a 4 años de prisión para el joven madrileño Alfon, también por su participación en una huelga. Otra muestra de la intención del Gobierno de criminalizar y reprimir de una forma todavía más contundente a los que luchan, es la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, mejor conocida como Ley Mordaza, en la que aumenta las penas de prisión y las penas económicas por todo tipo de actividad de protesta.

El objetivo de todas estas condenas es poner freno a la movilización, atemorizar a aquellas personas que nos manifestamos e intentar que la juventud combativa abandonemos la lucha contra este sistema injusto, contra sus recortes y sus políticas neoliberales. Pero no nos callarán, hoy más que nunca tenemos que demostrar nuestra solidaridad con lxs que sufren la represión del Estado.