Desde la Asamblea 15M Delicias queremos dar a conocer una situación que se viene produciendo desde al menos un año en nuestro barrio. Hemos sido conocedores de varios casos en que la policía nacional ha llevado a cabo, por orden judicial, desalojos de viviendas en los que no se ha producido ninguna notificación previa ni ha existido mediación para buscar una solución o alternativa habitacional.
Queremos denunciar que por medio de esta actuación de las instituciones han sido vulnerados el Derecho a la Inviolabilidad del Domicilio, plasmado en el párrafo segundo del artículo 18 de la Constitución, y el derecho a una Vivienda Digna que refleja el artículo 47 del mismo texto legal. Del mismo modo, se ha incumplido con lo expuesto en el artículo 19 de la Ley 10/2016 de medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón, que afirma que “Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma, en cumplimiento del artículo 27 del Estatuto de Autonomía, deberán proveer de una alternativa habitacional digna a toda persona o unidad de convivencia de buena fe en situación de vulnerabilidad que se vea privada de su vivienda habitual como consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria, de pago o dación en pago de deudas con garantía hipotecaria, o de desahucio por falta de pago de la renta”. Obligación que en este caso ha sido incumplida claramente.
Queremos denunciar que por medio de esta actuación de las instituciones han sido vulnerados el Derecho a la Inviolabilidad del Domicilio, plasmado en el párrafo segundo del artículo 18 de la Constitución, y el derecho a una Vivienda Digna que refleja el artículo 47 del mismo texto legal. Del mismo modo, se ha incumplido con lo expuesto en el artículo 19 de la Ley 10/2016 de medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón, que afirma que “Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma, en cumplimiento del artículo 27 del Estatuto de Autonomía, deberán proveer de una alternativa habitacional digna a toda persona o unidad de convivencia de buena fe en situación de vulnerabilidad que se vea privada de su vivienda habitual como consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria, de pago o dación en pago de deudas con garantía hipotecaria, o de desahucio por falta de pago de la renta”. Obligación que en este caso ha sido incumplida claramente.
