Una minera con la cara ensangrentada, retenida por un grupo de antidisturbios (11-7-2012). / Javier Lizón (Efe)
No es la primera vez que España recibe un toque de atención directo por parte de AI. El nueve de octubre, remitieron una carta al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, expresando su “preocupación en relación con el uso de la fuerza y de equipamiento antidisturbios por parte de la policía, especialmente el día 25 de septiembre, cuando policías sin identificar golpearon con porras a manifestantes pacíficos, dispararon contra ellos balas de goma y amenazaron a periodistas que cubrían los hechos”.
El documento Actuación policial en las manifestaciones en la Unión Europea fue presentado esta mañana en la sede madrileña de AI. En la rueda de prensa, además de dos responsables españoles del organismo internacional, participaron también la periodista Paloma Aznar Fernández, agredida por la policía durante la marcha minera de julio, y Gabriel Jiménez, detenido tras participar en las protestas ante el Congreso del 25 de septiembre pasado.
En el caso de Paloma Aznar, la periodista interpuso una denuncia en un juzgado de Madrid. El auto judicial con el que se sobreseyó la causa explicitaba que los hechos podrían ser constitutivos de delito. Pero las imágenes aportadas por la denunciante no sirvieron para identificar al policía. La ocultación, por parte de los agentes, de las placas identificativas obligatorias durante las manifestaciones es otro de los aspectos en el que AI pone mayor énfasis.
Pero no solo descargan la responsabilidad de los abusos sobre la policía. La extienden a las autoridades políticas y el estamento judicial. Según el informe presentado esta mañana, “en muchos de estos casos, las investigaciones criminales de las denuncias presentadas contra los agentes presuntamente responsables de las violaciones de derechos humanos no han sido exhaustivas, imparciales ni efectivas, y en otros, ni siquiera se ha abierto una investigación”.
Por último, AI ofrece una serie de recomendaciones sobre “buenas prácticas policiales” para evitar abusos en futuras convocatorias. Y pone en marcha dos ciberacciones a través de www.actuaconamnistia.org. Una dirigida al Gobierno griego, pidiendo “una investigación efectiva e imparcial sobre el caso del periodista Manolis Kypreos, herido en una manifestación en junio de 2011”. Y otra destinada al ministro de
Interior español para que tome “medidas efectivas para acabar con la impunidad ante el uso excesivo de la fuerza por parte de algunos miembros de las fuerzas de seguridad”.
La salida a la luz pública de este informe se produce apenas dos días después de la convocatoria del 23-O para rodear el Congreso. Ese martes, la concentración indignada se saldó sin cargas, heridos ni detenidos. Algo inhabitual en las últimas convocatorias del muy genérico movimiento 15-M. Eso sí, se produjeron decenas de identificaciones indiscriminadas y advertencias de sanción a los manifestantes por no haber tramitado oficialmente la convocatoria.
Diversas fuentes han filtrado que la Delegación del Gobierno ha multado a una cincuentena de personas. Sin embargo, la Coordinadora25S no ha recibido todavía ninguna petición de asesoramiento legal, por lo que dudan de la veracidad de estas informaciones.
Esta tarde continuarán las acciones de protesta contra los presupuestos que se tramitan en el Congreso estos días. Aunque, a diferencia del Rodea el Congreso del martes, en esta ocasión se trata de acciones descentralizadas. Habrá manifestaciones y caceroladas en varios pueblos y barrios de Madrid, que muy probablemente sean secundadas en otras ciudades españolas. El sábado, el movimiento ciudadano contestatario regresará a la madrileña plaza de Neptuno.
No hay comentarios:
Publicar un comentario